Por Daniel Ponce Labbé – Abogado

En Chile, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos ha traído avances significativos en la recuperación de deudas por pensiones alimenticias. Sin embargo, a poco más de un año de su implementación, los problemas estructurales del sistema judicial siguen afectando a miles de madres y niños que dependen de estos pagos para su subsistencia.

Un reportaje reciente de La Tercera, titulado “Pensiones de alimentos: Colapso en los Juzgados de Familia de Santiago”, publicado el 12 de agosto de 2024, expone la realidad de los Juzgados de Familia, donde magistrados y funcionarios enfrentan miles de causas pendientes, especialmente de liquidación de deudas de pensiones de alimentos. Este escenario se ha agravado tras la pandemia y la entrada en vigor de nuevas leyes que, aunque bien intencionadas, no cuentan con los recursos suficientes para su implementación efectiva. La falta de personal y la sobrecarga de trabajo han convertido lo que antes era un trámite de semanas en procesos que pueden tardar varios meses o incluso un año en completarse.

Las madres, quienes ya soportan la carga económica y emocional del cuidado de sus hijos, deben además enfrentarse a un sistema que no les ofrece respuestas claras ni oportunas. Muchas de ellas se ven obligadas a pagar asesorías legales, recurrir a grupos en redes sociales para orientarse, o simplemente resignarse a las demoras que parecen no tener fin. Este es un problema que afecta de manera profunda la vida diaria de estas familias, sumándoles estrés e incertidumbre en situaciones ya de por sí complejas.

El cambio de la unidad de medida de las pensiones de alimentos de pesos chilenos a Unidades Tributarias Mensuales (UTM), aunque positivo en cuanto a reajustes automáticos, ha añadido complejidad al proceso de liquidación de deudas. Tanto jueces como funcionarios deben hacer conversiones manuales que demoran aún más la resolución de los casos. La jueza Luz María Barceló del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago señaló lo complicado que es este sistema, afirmando que los mismos abogados acuden a los tribunales para entender cómo se realizan estas liquidaciones.

Para los expertos, el problema radica en que muchas leyes relacionadas con los Tribunales de Familia no vienen acompañadas del presupuesto necesario para su ejecución. Esta falta de planificación se traduce en una sobrecarga de trabajo que afecta tanto a los funcionarios como a las familias que esperan una resolución rápida y justa de sus casos.

Conclusión

El colapso de los Juzgados de Familia no es solo un problema del Poder Judicial, sino una falla estructural que refleja la falta de planificación y recursos a la hora de legislar en favor de los derechos de los niños y sus cuidadores. Para que las leyes sean efectivas, se necesita no solo voluntad política, sino también un compromiso real de dotar al sistema judicial con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para su implementación.

Si estás enfrentando dificultades en el cobro de pensiones alimenfhnnticias y necesitas orientación legal, en Causa Z estamos comprometidos a ayudarte en cada paso del proceso. No estás sola(o) en esta lucha.

Te invito a leer el reportaje completo de La Tercera, “Pensiones de alimentos: Colapso en los Juzgados de Familia de Santiago”, para conocer más sobre esta problemática que afecta a tantas familias en nuestro país.